El 8 de mayo de 2023, en plena crisis hídrica, Cristina Lustemberg advertía desde la red social X que Uruguay estaba dejando de ser un ejemplo regional en materia de calidad de agua potable. Sostenía que la situación era previsible, que debió haberse atendido con anticipación y que la comunicación hacia la población llegó tarde. En otro mensaje, remarcaba que era responsabilidad del Ministerio de Salud Pública asegurar que el agua consumida no fuera perjudicial para la salud, al ser el organismo encargado de regular los parámetros del agua potable.
Aquellas declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte preocupación social: aumento de la salinidad del agua distribuida por OSE, cambios notorios en el sabor y recomendaciones sanitarias para determinados grupos de riesgo. Desde la oposición, Lustemberg asumía un rol activo de cuestionamiento y señalamiento de responsabilidades.
Sin embargo, el contraste con el presente es inevitable. Hoy, Cristina Lustemberg es la ministra de Salud Pública y, frente a un problema que dejó en evidencia debilidades estructurales del sistema hídrico, su voz sobre el tema prácticamente ha desaparecido del debate público.
La discusión de fondo no se agota en la sequía, un fenómeno climático excepcional, sino en la falta de planificación de largo plazo. Uruguay atravesó 15 años de gobierno del Frente Amplio, período en el que no se concretaron las obras estratégicas necesarias para garantizar reservas alternativas de agua potable ni se avanzó de forma decisiva en una infraestructura capaz de enfrentar eventos extremos. La crisis de 2023 expuso carencias acumuladas durante décadas, muchas de ellas gestadas en ese ciclo político.
Por eso, cuando en 2023 se hablaba de previsibilidad, la pregunta inevitable es: ¿por qué no se actuó antes cuando se contaba con mayoría parlamentaria, control del Ejecutivo y estabilidad política? Las advertencias que hoy se recuerdan no fueron acompañadas, en su momento, por decisiones estructurales que evitaran llegar a ese escenario.
El propio argumento utilizado entonces —que el MSP es responsable de regular los parámetros del agua potable— cobra hoy un peso mayor. Desde el cargo que ocupa actualmente, corresponde no solo mantener ese estándar de exigencia, sino también informar con claridad, transparentar los controles y explicar qué medidas se están adoptando para que una situación similar no vuelva a repetirse.
En la gestión pública, las palabras no se evaporan con el paso del tiempo. Cuando los roles cambian, los discursos del pasado se transforman en compromisos. Y en temas tan sensibles como el acceso al agua potable, la coherencia es parte esencial de la responsabilidad política.
Es el doble discurso despreciable utilizado por la izquierda, según le convenga.
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