El gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó un nuevo nombramiento que vuelve a encender la polémica en la política mexicana. El exfiscal general Alejandro Gertz Manero será designado como embajador de México en el Reino Unido, apenas meses después de haber dejado la Fiscalía General de la República, un organismo que durante su gestión fue duramente cuestionado por falta de resultados, opacidad y uso político de la justicia.
La presidenta informó que el gobierno británico ya dio el visto bueno diplomático para la designación, lo que habilita el proceso formal de ratificación en el Senado. Sin embargo, más allá del trámite institucional, la decisión deja en evidencia una práctica habitual del oficialismo: reubicar a figuras del poder en cargos estratégicos en lugar de someterlas a evaluación pública por su desempeño.
Gertz Manero ocupó la Fiscalía durante un período marcado por investigaciones selectivas, causas estancadas y una creciente desconfianza ciudadana en el sistema judicial. Pese a ello, lejos de enfrentar consecuencias políticas o rendición de cuentas, el exfuncionario es ahora proyectado a una de las embajadas más importantes del país, en una capital clave para las relaciones internacionales y financieras.
Desde sectores críticos señalan que este tipo de movimientos refuerzan la idea de un Estado que se protege a sí mismo, donde los cargos diplomáticos funcionan como refugio para dirigentes cercanos al poder. La embajada en Londres no es un destino menor: representa vínculos comerciales, cooperación internacional y presencia política en Europa, lo que convierte el nombramiento en una señal clara de continuidad y blindaje interno.
El oficialismo sostiene que la designación es legal y que el Ejecutivo tiene facultades para realizar este tipo de nombramientos. Sin embargo, la discusión no pasa solo por la legalidad, sino por el mensaje político que se envía: mientras el discurso promete transformación y transparencia, las prácticas recuerdan a los viejos esquemas de premios y favores entre élites.
Ahora será el Senado quien tenga la última palabra. No obstante, con una mayoría alineada al gobierno, todo indica que el nombramiento avanzará sin mayores obstáculos. Así, Sheinbaum consolida su control político y deja claro que, en su administración, los hombres del poder no caen: se reciclan.