Las contrataciones no se realizaron por concurso público tradicional ni mediante los mecanismos habituales del Estado, sino utilizando un convenio internacional, lo que permitió al organismo evitar controles administrativos más estrictos y agilizar ingresos de personal altamente remunerado.
Contrataciones discrecionales y sueldos elevados.
Según la información conocida, los asesores cumplen tareas de apoyo técnico, coordinación y asesoramiento estratégico, aunque no todos cuentan con antecedentes claros en infancia o adolescencia, áreas centrales de competencia del INAU.
Los salarios asignados superan ampliamente los ingresos de funcionarios de carrera del propio organismo, generando malestar interno y cuestionamientos sobre la equidad y la prioridad en el uso de los recursos públicos.
En varios casos, se trata de cargos de confianza política, lo que refuerza las críticas sobre un posible uso del convenio con Naciones Unidas como vía paralela para incorporar militantes o allegados al oficialismo, sin la transparencia que exige el ingreso al Estado.
El mecanismo utilizado se apoya en programas de cooperación internacional, una herramienta válida en determinados contextos, pero que en los hechos ha sido señalada como un atajo administrativo para eludir topes salariales, concursos y controles del Tribunal de Cuentas.
Especialistas en gestión pública advierten que este tipo de prácticas debilitan la institucionalidad, especialmente cuando se utilizan en organismos sensibles como el INAU, responsable de la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Prioridades cuestionadas.
La situación genera interrogantes sobre las prioridades del organismo, en momentos en que hogares, centros y programas de atención directa enfrentan carencias presupuestales, falta de personal y condiciones laborales precarias.
Mientras tanto, el gasto en asesorías de alto nivel continúa creciendo, alimentando el debate sobre clientelismo político, eficiencia del Estado y uso responsable de fondos públicos.
Reclamos por mayor transparencia.
Desde distintos sectores se reclama que el INAU brinde información detallada sobre:
- Funciones específicas de cada asesor
- Criterios de selección
- Duración de los contratos
- Evaluación de resultados
- Impacto presupuestal total
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la administración pública: el uso de organismos internacionales como intermediarios para contrataciones políticas, una práctica que, si bien es legal en ciertos marcos, resulta éticamente cuestionable y socialmente costosa.
