Empresario que integra delegación presidencial en China está imputado por trata de personas:
Otro escándalo que golpea al gobierno
Un nuevo episodio genera polémica en torno a la delegación oficial que acompaña al presidente Yamandú Orsi en su gira por China. En las últimas horas se conoció que un empresario que forma parte de la comitiva presidencial se encuentra imputado por la Justicia uruguaya en una causa vinculada a trata de personas con fines de explotación laboral, un delito grave que pone en entredicho los criterios de selección del entorno presidencial.
El empresario señalado es Martín Gorrochategui, vinculado al sector minero en el departamento de Artigas, donde su empresa trabaja en la extracción de piedras semipreciosas. A pesar de estar formalmente acusado en una investigación de Fiscalía, el empresario viajó igualmente en la misión oficial, lo que abre interrogantes inevitables: ¿Quién controla quién acompaña al presidente en viajes internacionales?
¿Qué mensaje se transmite al país cuando un imputado integra una delegación oficial?
Denuncia por explotación de trabajadores venezolanos
La causa judicial se origina en hechos denunciados en febrero de 2024, cuando, según la Fiscalía, Gorrochategui y su socio Daniel Suárez habrían reclutado a 28 ciudadanos venezolanos con promesas de empleo estable, vivienda, alimentación, seguro médico y condiciones dignas de trabajo en Uruguay.
Sin embargo, de acuerdo a la investigación fiscal, una vez en el país los trabajadores habrían sido sometidos a un régimen muy distinto al prometido: jornadas extensas, salarios inferiores a lo acordado y condiciones que la Fiscalía considera compatibles con explotación laboral.
La fiscal del caso, Sabrina Massaferro, sostiene que estas personas habrían sido captadas mediante engaños, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad como migrantes.
Retención de documentos y condiciones abusivas
Uno de los aspectos más delicados del expediente es que varios trabajadores habrían denunciado que se les retuvieron documentos personales y que se les imponían descuentos por alojamiento, servicios y otros gastos, reduciendo aún más sus ingresos reales.
También se menciona que algunos empleados que reclamaron por sus derechos habrían sido trasladados fuera del país, incluso hacia Brasil, sin recursos suficientes ni garantías claras.
Todo esto configura, según Fiscalía, una maniobra que podría encuadrarse dentro del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, un crimen que Uruguay ha dicho combatir, pero que sigue apareciendo en sectores donde el Estado parece mirar para otro lado.
La defensa niega los cargos
Por su parte, el empresario rechaza las acusaciones y asegura que no existió explotación ni restricción de libertad. Su defensa sostiene que los trabajadores podían comunicarse con sus familias y que la denuncia responde a una interpretación exagerada del vínculo laboral.
Gorrochategui incluso habría rechazado un acuerdo abreviado con Fiscalía, insistiendo en que buscará demostrar su inocencia en el proceso judicial.
Permiso para salir del país: señal preocupante
A pesar de estar imputado, el empresario recibió autorización judicial para viajar al exterior, lo que le permitió integrarse sin obstáculos a la gira presidencial en China.
Esto genera un fuerte cuestionamiento desde sectores críticos: mientras miles de uruguayos enfrentan controles y exigencias para trámites mínimos, un imputado por un delito tan serio viaja representando indirectamente al país en una misión internacional.
Un golpe político para el gobierno
El caso no solo es judicial, sino también político. Para muchos, se trata de otro ejemplo de cómo el poder se rodea de figuras cuestionadas mientras se habla de transparencia y derechos humanos.
La gira en China debía ser una instancia de fortalecimiento comercial y diplomático, pero ahora queda marcada por una controversia que el gobierno difícilmente pueda ignorar.
La investigación continúa y en los próximos días habrá nuevas audiencias donde se analizarán pruebas y testimonios.
