Esta medida contradice la promesa de no subir impuestos y representa un claro ataque a la libertad económica y al trabajo digno. En lugar de fomentar la creación de empleo y la inversión, el gobierno opta por recaudar más sobre quienes menos pueden pagar, consolidando un Estado voraz que estruja a la clase media y baja.
Legisladores como Sebastián Andújar y Pedro Bordaberry han señalado la falta de transparencia y el atropello de aplicar estas modificaciones sin debate público ni consenso, lo que agrava la desconfianza ciudadana en un gobierno que se muestra más interesado en aumentar su presupuesto que en cuidar a quienes generan riqueza.
Esta maniobra evidencia la decisión política de castigar al que trabaja para sostener un aparato estatal que crece sin control, lejos de mejorar la eficiencia o el bienestar general. Es hora de reclamar menos impuestos y más respeto a la libertad individual, no más retenciones y controles que empobrecen al pueblo.
