El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, quien evitó dar cifras precisas o detalles individuales sobre los liberados. Sin embargo, la medida llega en un contexto marcado por sanciones internacionales, negociaciones diplomáticas y crecientes denuncias de organismos de derechos humanos que señalan al régimen por utilizar la detención arbitraria como herramienta de control político.
Diversas organizaciones independientes han denunciado durante años que en Venezuela existen cientos de presos políticos, muchos de ellos arrestados sin garantías judiciales, sometidos a procesos irregulares o directamente privados de libertad sin condena firme. Entre los detenidos se encuentran opositores, periodistas, militares retirados, activistas y extranjeros, utilizados en algunos casos como moneda de cambio en negociaciones políticas.
Desde sectores críticos al chavismo advierten que estas liberaciones no representan un cambio real en la naturaleza del régimen, sino una estrategia calculada para mejorar su imagen internacional sin avanzar en reformas estructurales. Señalan además que, mientras algunos detenidos son liberados, nuevas detenciones continúan produciéndose, manteniendo intacto el sistema de represión.
La oposición venezolana y organizaciones internacionales insisten en que la verdadera solución pasa por la liberación total e incondicional de todos los presos políticos, el restablecimiento del Estado de derecho y la celebración de elecciones libres, transparentes y sin proscripciones. Hasta que eso no ocurra, sostienen, estos anuncios seguirán siendo vistos como gestos tácticos de un régimen autoritario acorralado por la crisis económica, social y política que él mismo generó.
