Ese esquema empezó a resquebrajarse de manera evidente desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. La fuerte reducción de piquetes no es un accidente ni un fenómeno espontáneo: es la consecuencia directa del derrumbe de un modelo de control social que el kirchnerismo defendió y promovió durante años.
Bajo los gobiernos kirchneristas, las organizaciones piqueteras funcionaron como brazos territoriales del poder político. No representaban a los pobres: los administraban.
Los planes sociales, lejos de ser una ayuda transitoria, se convirtieron en una moneda de cambio. El mensaje era claro: el que no marchaba, el que no cortaba, el que no obedecía, se quedaba sin beneficio. Esta lógica perversa fue tolerada, cuando no incentivada, por un Estado capturado por intereses ideológicos.
Con Milei, ese pacto implícito se rompió. El nuevo gobierno dejó de negociar bajo presión y puso fin a la idea de que cortar una calle garantizaba una audiencia con el poder. La aplicación de reglas básicas —algo que el kirchnerismo siempre evitó— fue suficiente para desarticular gran parte del entramado piquetero. Cuando el Estado deja de financiar el caos, el caos desaparece.
Desde la derecha, la lectura es clara: el kirchnerismo necesitaba el desorden. El conflicto permanente era funcional a su relato victimista y a su estrategia de confrontación. Un país bloqueado es más fácil de manipular que una sociedad ordenada y productiva. Por eso, cada intento de imponer límites fue presentado como “represión”, mientras se ignoraba deliberadamente a millones de ciudadanos perjudicados por los cortes.
La caída de los piquetes también expuso una verdad incómoda: muchas de estas protestas no respondían a necesidades urgentes, sino a intereses políticos. Cuando se terminó la impunidad, desaparecieron las marchas masivas. Cuando se cortó el flujo de recursos discrecionales, se vaciaron las calles. El supuesto “clamor popular” era, en muchos casos, una puesta en escena sostenida con fondos públicos.
El kirchnerismo reaccionó como era de esperar: denuncias de autoritarismo, comparaciones absurdas con dictaduras y discursos grandilocuentes sobre derechos humanos. Sin embargo, el relato choca con la realidad. Nadie prohibió protestar. Nadie censuró ideas. Lo único que se terminó fue el privilegio de unos pocos de paralizar la vida de millones sin consecuencias.
Desde una mirada liberal-conservadora, la reducción de piquetes es una señal de recuperación institucional. El Estado volvió a cumplir su función básica: hacer cumplir la ley.
Durante años, el kirchnerismo confundió sensibilidad social con permisividad, y justicia social con desorden. El resultado fue una sociedad cansada, empobrecida y rehén de minorías ruidosas.
Además, este cambio envía un mensaje clave hacia el futuro. Un país que pretende crecer, atraer inversiones y generar empleo genuino no puede estar secuestrado por organizaciones que viven del conflicto. El orden no es un capricho ideológico: es una condición indispensable para el desarrollo.
En definitiva, la disminución de los piquetes desde la llegada de Milei no solo marca un cambio en la política de seguridad. Representa el inicio del desmantelamiento de uno de los pilares del poder kirchnerista: el control de la calle. Si este rumbo se sostiene, Argentina podría finalmente dejar atrás el ciclo de extorsión, victimismo y desorden que tanto daño le hizo durante años.
